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La Carta de derechos ciudadanos constituye una garantía mutua entre los organismos de la administración del Estado y el ciudadano respecto de derechos y deberes entre las partes. Constituye una fuente formal donde se plasma la manera de cómo deben relacionarse unos con otros, permitiendo con ello que el ciudadano cuente con herramientas para su defensa frente a estos organismos.
La carta de derechos ciudadanos expresa un compromiso real, verificable y exigible, expresado en el contacto cotidiano o esporádico que cada persona establece con la Institución.